La Comisión Europea decidió relajar algunas exigencias de su legislación contra la deforestación, en respuesta a fuertes reclamos del sector privado. La autoridad comunitaria anunció un paquete de modificaciones que apuntan a recortar en un 30% los gastos burocráticos que imponía la norma, cuya entrada en vigor está prevista para fines de este año.

Entre las medidas más relevantes, se permitirá a las empresas presentar declaraciones juradas de manera anual, en lugar de exigirlas con cada embarque. Además, se habilitará que representantes autorizados actúen en nombre de grupos de compañías, simplificando el cumplimiento para quienes exportan productos de gran volumen.

La legislación busca impedir el ingreso al mercado europeo de siete productos —incluidos la soja, la carne vacuna y el café— si provienen de áreas deforestadas luego de 2020. También abarca derivados como el cuero, el chocolate, los neumáticos y los muebles. Bajo el esquema original, el trámite de verificación resultaba excesivamente oneroso, afectando tanto a proveedores extranjeros como a las propias firmas europeas.

Otro avance anunciado es la creación de un sistema que clasificará a los países de origen según su riesgo de deforestación. Se prevé que esta herramienta, que determinará el nivel de control aplicado a los productos de cada nación, esté operativa para mediados de 2025.

El giro de Bruselas era anticipado por analistas y operadores comerciales. La regulación, tal como estaba planteada, era vista como un obstáculo innecesario en un contexto global de alta volatilidad y amenazas al suministro de materias primas esenciales. Preservar la estabilidad de las cadenas de abastecimiento se ha vuelto una prioridad estratégica para Europa.

En este marco, las voces más críticas, como Valor Carne, consideran que la normativa sigue conservando su sesgo proteccionista, contrariando acuerdos internacionales. Recuerdan que su aplicación ya había sido aplazada un año y sostienen que las reformas recientes no alteran el espíritu restrictivo de la medida.

Brasil, uno de los principales afectados, podría ver comprometido cerca del 34% de sus ventas hacia la Unión Europea, equivalentes a unos USD 17.500 millones en 2022. La disputa se da en un momento donde la tensión comercial global, acentuada por las políticas arancelarias de Estados Unidos, vuelve más férrea la competencia por los mercados.

Frente a este panorama, los proveedores de América Latina analizan fortalecer su presión diplomática para demorar aún más o incluso derogar esta regulación que amenaza sus envíos al Viejo Continente.