“Agradezco a los diputados que nos entendieron, apoyaron y, principalmente, celebrar que se afiance la salud de la República con el respeto a la división de poderes y a la preservación de las facultades de cada uno”, señaló Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA). Achetoni indicó que al oficialismo “no le quedaba otra” que sacar el controvertido artículo “porque perdía”.

“Es un poco lo que se buscaba, el objetivo que se buscaba. Se pudo plantear un presupuesto sin necesidad de asfixiar al sector agropecuario”, indicó Jorge Chemes, presidente de CRA

Para Nicolás Pino, presidente de la SRA, fue un “síntoma de madurez” que se haya sacado el artículo 95.

“Es indispensable que un país tenga un presupuesto para ordenar las cuentas del gobierno. En el proyecto 2023, y después de la votación de hoy, vemos como un síntoma de madurez legislativa que se haya dejado de lado el artículo que delegaba la facultad de fijar retenciones en el Poder Ejecutivo”, dijo el presidente de la Rural.

Agregó: “Son los legisladores quienes tienen que trabajar en fijar las reglas impositivas, por lo cual creemos que un próximo paso hacia la institucionalidad debería ser el de ordenar la falta de sustento legal que tiene este impuesto, tal como reclamamos desde la Sociedad Rural Argentina a través del amparo presentado a principios de año en la Justicia”.

En tanto, Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro, indicó: “El Gobierno decía que no las iban aumentar. Retirar este artículo es la mejor señal que no lo iban a hacer. Esto genera la previsibilidad que reclamamos, más ahora donde la sequía hace estragos”.

En los últimos meses, luego de que el año pasado el Gobierno perdiera las facultades delegadas del Congreso en materia de retenciones al no aprobarse el presupuesto 2022, la Mesa de Enlace tuvo reuniones con diferentes bloques para solicitar que sean los diputados quienes aborden el tratamiento de los derechos de exportación. Vale recordar que la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Sociedad Rural de Jesús María tienen iniciada una causa judicial en contra de las retenciones porque las consideran “ilegales” al no estar el mandato del Congreso.