La Patagonia atraviesa días de conflicto sanitario y comercial tras la puesta en marcha de la resolución 460/25 del SENASA, que permitió la libre circulación de carne con hueso hacia la región sin las garantías históricas de control de fiebre aftosa. La medida, rechazada por las entidades rurales, ya genera impactos económicos, jurídicos y políticos.

En los puestos de control del SENASA sobre el río Colorado, decenas de camiones fueron obligados a regresar a origen por no cumplir con el doble embolsado exigido. El abogado y productor Javier Perrote llevó el caso a la Justicia Federal en Viedma, argumentando que la decisión causó un “daño ostensible, cierto y cuantificable” a los ganaderos patagónicos, mientras Chile cerró el ingreso de ganado y carne argentina por temor sanitario.

Las siete rurales de la Patagonia repudiaron lo que consideran “falsedades” de la Secretaría de Agricultura y el SENASA sobre la supuesta aceptación internacional de la medida, y exigieron su derogación inmediata. También reclamaron que los gobernadores provinciales salgan a defender el estatus sanitario, tras un giro político evidente que atribuyen a la fuerte baja del precio del asado en góndola, que cayó hasta 30% en algunas ciudades.

El carnicero César Maslovsky, desde Roca, relató que compró carne de Córdoba y vendió asado a $11.900, un 40% menos, y agotó 85 costillares en un día. Algo similar informó el frigorífico Pilotti, desde La Pampa, que adaptó sus envíos rápidamente y también bajó precios de $17.000 a $12.000 el kilo en la región. “El mercado patagónico se satura rápido y eso presiona a la baja”, explicó su presidente, Fernando Pilotti.

En paralelo, un documento de la Unión Europea fechado en Bruselas dejó en claro que no permite ingreso de animales ni carne con hueso desde zonas con vacunación, contradiciendo la versión oficial argentina sobre su aprobación internacional.

La Rural de Neuquén, por su parte, cuestionó la falta de transparencia del Gobierno. Cecilia De Larminat pidió que “todos los gobernadores se expresen” y denunció que Nación “nunca mostró las respuestas de los países consultados, y ahora entendemos por qué”.

Ante la creciente presión, los ruralistas consiguieron que el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, los reciba la próxima semana en una reunión que se anticipa tensa. Desde el sector insisten en que la flexibilización amenaza con derrumbar un estatus sanitario logrado con décadas de trabajo y clave para sostener mercados internacionales.