El camino del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur sumó un nuevo obstáculo político e institucional. El pleno del Parlamento Europeo resolvió solicitar la opinión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la compatibilidad del pacto con los tratados vigentes del bloque, una decisión que vuelve a poner en pausa su avance.

La votación reflejó la fuerte división interna en la Eurocámara. La moción fue aprobada por un margen mínimo, con 334 votos afirmativos, 324 negativos y once abstenciones. El resultado dejó en evidencia las dudas que persisten entre los legisladores, incluso después de más de un cuarto de siglo de negociaciones y de la reciente firma del entendimiento.

Uno de los ejes centrales del cuestionamiento es el llamado mecanismo de reequilibrio incorporado en el texto del acuerdo. Varios eurodiputados consideran necesario que la Justicia europea determine si esta herramienta se ajusta a las normas comunitarias y no vulnera los principios legales del bloque.

Otro punto sensible es la base jurídica elegida para la aprobación del tratado. El esquema planteado permitiría que los capítulos estrictamente comerciales entren en vigor sin pasar por los parlamentos nacionales de los Estados miembros, una modalidad que generó resistencia y profundizó el debate político dentro del Parlamento Europeo.

De acuerdo con estimaciones del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el dictamen podría demorar entre 18 y 24 meses. Ese plazo implica, en los hechos, una congelación del proceso de ratificación, salvo que el tribunal decida otorgar un tratamiento prioritario por razones excepcionales.

Mientras tanto, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur queda atrapado en una instancia clave de revisión legal. Para el sector agropecuario y exportador de la región, la definición europea vuelve a postergar un entendimiento considerado estratégico, cuyo futuro inmediato dependerá ahora del pulgar de la máxima autoridad judicial del bloque.