El reciente cambio de postura de la Comisión Europea volvió a sacudir al comercio internacional. Sin previo aviso, el bloque decidió descartar la prórroga hasta 2027 para la aplicación del Reglamento Antideforestación y ahora exige que la norma entre en plena vigencia el 1° de enero de 2026.

Esta modificación deja a la Argentina, catalogada como país de “riesgo intermedio”, sin beneficios adicionales, y obliga a los exportadores locales de carne, soja y madera a cumplir con las nuevas exigencias ambientales en apenas dos meses.

“Europa cambió totalmente de posición y solo prorrogó la aplicación para las microempresas de países considerados de riesgo cero, como los europeos, Estados Unidos o China”, explicó Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC). El dirigente sostuvo que la decisión “revoluciona otra vez el comercio mundial” y genera un escenario de incertidumbre para los negocios que se planifican con varios meses de antelación.

La medida aún debe ser aprobada por el Parlamento Europeo, que recién podría tratarla entre noviembre y diciembre. Sin embargo, si no se aprueba, el reglamento comenzará a regir igual en enero, lo que deja a los exportadores en un limbo operativo. “Para exportar en enero hay que producir y embarcar en noviembre o diciembre, pero recién en diciembre sabremos si habrá prórroga o no”, advirtió Idígoras.

Frente a esta situación, el sector exportador argentino busca acelerar la implementación de herramientas que garanticen la trazabilidad y la sustentabilidad de las producciones. En ese sentido, Idígoras destacó el trabajo que el país viene realizando con Visec, una plataforma que certifica mediante datos georreferenciados e imágenes satelitales que los campos no han sido deforestados desde diciembre de 2020.

El sistema, reconocido por varios países europeos, permite emitir una “certificación de sustentabilidad” y será gratuito para los productores argentinos. “En los próximos días los productores de soja y de ganado serán invitados a sumarse voluntariamente al Visec, sin costo. Conviene hacerlo, porque Europa podría empezar a reconocer un valor diferencial”, sostuvo el titular de Ciara-CEC.

Para adherirse, los productores deben verificar que los polígonos de su campo en el RENSPA estén actualizados y confirmar que no hubo desmontes recientes. Si un establecimiento no está certificado, su mercadería no podrá mezclarse con la de otros productores dentro de la cadena comercial, lo que implicará mayores costos logísticos por la necesidad de mantener cargas segregadas en acopios, transportes y plantas industriales.

La mayor complejidad se presenta en la cadena de la soja, debido al volumen de operaciones y la necesidad de mantener circuitos separados. En cambio, la carne vacuna parte con una ventaja: el sistema de trazabilidad del Senasa ya cumple buena parte de las exigencias del reglamento europeo.

El Reglamento 1115/2023 afectará directamente a las exportaciones argentinas de harina de soja, carne vacuna —incluidas las cuotas Hilton y no Hilton— y cueros. En tanto, la madera local ya cuenta con certificaciones previas. También se incluyen productos como cacao, café, caucho, canela y palma, y se prevé que el maíz podría incorporarse en la campaña 2027/28.

Con tono crítico, Idígoras comparó la inestabilidad del bloque europeo con la política argentina. “Europa cambia de postura de una semana a otra. Su política se parece cada día más a la nuestra: incierta, volátil y difícil de anticipar”, expresó.

A pocas semanas de que la norma entre en vigor, los exportadores argentinos aceleran los pasos para cumplir con las exigencias. Aunque valoran los avances tecnológicos y el respaldo de sistemas como Visec, todos coinciden en que el cambio repentino de Europa suma incertidumbre y amenaza la previsibilidad del comercio agroindustrial.